Comienza la farsa de los juicios de Guantánamo


Un preso de Guantánamo se declara culpable ante el rechazo internacional

por Claudio Pagan

El ciudadano australiano David Hicks se declaró culpable de una de las imputaciones incluidas en el cargo de “proporcionar apoyo material al terrorismo en la vista celebrada el 26 de marzo de 2007 en Guantánamo, después de más de cinco años de reclusión. Éste es el segundo intento del gobierno estadounidense en tres años de juzgarlo ante una comisión militar.

David Hicks realizó esta declaración tras años de detención indefinida, aislamiento y denuncias de tortura y malos tratos, y después de una jornada en la que el juez militar que presidía la comisión redujo su representación letrada. Una vez hecha la declaración, se suspendió la vista, que probablemente se reanude más adelante durante la semana, cuando se hayan examinado los aspectos específicos de la admisión de culpabilidad.

David Hicks era uno de los 10 detenidos que iban a ser juzgados por las comisiones militares establecidas en virtud de la orden ejecutiva que firmó el presidente George W. Bush el 13 de noviembre de 2001. En noviembre de 2004, el juez de una corte federal de primera instancia estadounidense ordenó la interrupción de estos procedimientos, y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos los declaró ilegales en la causa Hamdan v. Rumsfeld a finales de junio de 2006. A principios de marzo de 2007, David Hicks se convirtió en la primera persona acusada formalmente en aplicación de la Ley de Comisiones Militares, promulgada por el presidente Bush el 17 de octubre de 2006 en respuesta a la sentencia del caso Hamdan.

El 26 de marzo de 2007 se celebró la causa incoatoria contra David Hicks, en la que se presentaron cargos que nunca antes se habían formulado contra él y se aplicó un sistema cuyas normas se han establecido hace dos meses. Hicks llegó a la sala vestido con un uniforme penitenciario de color caqui y unas sandalias, y con una melena suelta que le llegaba hasta la mitad de la espalda. En la mesa de la defensa se encontraban su abogado militar, el comandante Dan Mori, su abogado civil, Joshua Dratel, y la letrada militar adjunta Rebecca Snyder.

Cuando el juez militar, el coronel de Marina Ralph Kohlmann, preguntó a David Hicks si deseaba mantener la actual representación letrada, Hicks respondió afirmativamente y añadió que quería que se le proporcionase más asistencia al equipo defensor. Los hechos que tuvieron lugar a continuación fueron la consecuencia directa de pretender crear un sistema judicial basado en un manual de unas 200 páginas y que operará en un ámbito próximo al vacío jurídico.

A pesar de que, al inicio de la vista, David Hicks pidió más apoyo para el equipo que se encargaba de su defensa, el resultado fue precisamente el opuesto. En primer lugar, el juez militar impugnó la participación de Rebecca Snyder. Aunque insistió en que no iba a dictar sentencia en esa vista, el coronel Kohlmann manifestó que, según su interpretación de las normas, Rebecca Snyder no podía representar a David Hicks en tanto que asistencia letrada militar, pues era una civil que se encontraba en la reserva. Dio dos opciones a David Hicks: Rebecca Snyder podía quedarse y asesorar pero no ejercer su defensa, o podía abandonar la sala. David Hicks respondió al juez que no quería que Rebecca Snyder permaneciera en la vista si no podía representarlo.

A continuación, el juez elevó una objeción contra Joshua Dratel, abogado civil de David Hicks desde hacía tres años. Adujo que Dratel no cumplía las normas de la comisión porque no había firmado la certificación pertinente. Joshua Dratel argumentó que las Normas sobre Comisiones Militares establecen que, para que la asistencia letrada civil pueda ejercer la defensa ante una comisión militar, deberá “haber firmado un acuerdo expedido por el secretario [de Defensa] con arreglo al artículo 949c.b.3.E del título 10 del Código Federal de Estados Unidos“. El problema planteado era que el secretario de Defensa no había expedido tal acuerdo. El coronel Kohlmann emitió una orden que podría ser firmada en su lugar, pero Joshua Dratel arguyó que no sólo dicha orden no era válida, puesto que el juez no tenía potestad para emitirla, sino que además firmar un acuerdo que no había sido creado vulneraría sus propias obligaciones éticas. El coronel Kohlmann, al igual que había hecho previamente con Rebecca Snyder, decidió que Joshua Dratel no reunía los requisitos necesarios para ejercer la defensa ante la comisión militar. Se le ofreció a Dratel la posibilidad de quedarse como asesor, a lo que él respondió que no era una figura decorativa. Cuando se le preguntó a David Hicks si deseaba que Joshua Dratel actuase como asesor, el procesado contestó que estaba conmocionado porque acababa de perder otro abogado, y añadió que sólo le quedaba “el pobre Sr. Mori”.

La sesión, que había empezado con una petición de ampliación de los recursos de la defensa, terminó por tanto en la reducción en dos tercios de la asistencia letrada de David Hicks debido a reglamentos que no habían sido promulgados y a normas que no se habían puesto a prueba.

Estos hechos fueron observados en la sala por periodistas, delegaciones de ONG, abogados y abogadas australianos, altos cargos diplomáticos y del gobierno de Australia, y por el padre y la hermana de David Hicks. Éste es el único detenido de Guantánamo que ha recibido visitas de su familia.

En la vista, el comandante Mori cuestionó la idoneidad del juez militar para presidir la comisión, alegando tanto parcialidad como apariencia de parcialidad. El juez se consideró apto para conducir los procedimientos, abordó cuestiones de plazos y levantó la sesión.

Reanudada la vista unas tres horas después, David Hicks se declaró culpable de una de las dos imputaciones incluidas en el cargo de “proporcionar apoyo material al terrorismo”. Según el pliego de cargos, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001, David Hicks proporcionó intencionadamente apoyo material a Al Qaeda, y esta conducta tuvo lugar en el contexto de un conflicto armado. Sin embargo, el conflicto armado internacional de Afganistán no empezó hasta octubre de 2001. La Ley de Comisiones Militares retrotrae de facto la “guerra contra el terror” para que los delitos cometidos incluso antes del 11 de septiembre de 2001 puedan ser juzgados por las comisiones militares.

David Hicks se declaró inocente de la segunda imputación, a saber, que durante el mismo periodo proporcionó apoyo material o recursos para la comisión de un acto terrorista.

El juez militar preguntó a David Hicks si la supresión de dos de sus tres abogados había influido en su declaración. Hicks contestó que no. Sin embargo, tras más de cinco años de detención militar prácticamente en régimen de incomunicación, y ante un juicio injusto, ha de cuestionarse seriamente si la declaración de culpabilidad de David Hicks puede considerarse un acto verdaderamente voluntario.

La pena máxima a la que se enfrenta David Hicks es cadena perpetua, pero la fiscalía ha manifestado que no tiene intención de solicitarla. En virtud de un acuerdo del que se ha tenido noticia, Hicks cumpliría la pena de prisión en Australia. De este modo, la declaración de culpabilidad da inicio a un proceso que terminará con el regreso de David Hicks a su país de origen, según algunas predicciones, antes de finales de año. A este respecto, los hechos de ayer pueden considerarse parte de una estrategia de salida a una situación de tensión diplomática, más que como un proceso judicial en el que se imparte –o parece que se imparte– justicia.

La vista de ayer no augura nada bueno a las demás personas –entre 60 y 80– que el gobierno afirma que enjuiciará mediante el sistema de comisiones militares. Este juicio confirma la apremiante necesidad de cerrar el centro de detención de Guantánamo y de acabar con la ausencia de derecho que Guantánamo ha pasado a simbolizar.

Las comisiones militares deben abolirse. Los detenidos de Guantánamo han de ser acusados formalmente de delitos comunes reconocibles y juzgados por un tribunal competente, independiente e imparcial, como las cortes federales de primera instancia estadounidenses, o, de lo contrario, quedar en libertad y recibir protección frente a futuros abusos.

Fuente: El Ecolo (Murcia)


Véase también:

Amnistía Internacional alerta de los juicios ilegales en Guantánamo

La canción de Guantánamo de Khalid Sheikh Mohammed

La prensa internacional, indiferente a la tortura