Acusa al Parlamento de poner los derechos humanos por encima de la seguridad nacional
La Jornada, 29-05-2007
El primer ministro británico, Tony Blair, anunció que buscará la aprobación de una nueva ley antiterrorista que entregará a la policía poderes de tiempos de guerra, antes dejar el cargo el próximo mes, luego de acusar al Parlamento y a los tribunales de poner los derechos humanos de los sospechosos de actos de terror por encima de la seguridad nacional.
Blair hizo el anuncio al reaccionar a las críticas que enfrenta su gobierno luego de la fuga de tres sospechosos de planificar ataques contra tropas británicas y estadunidenses en el extranjero, quienes estaban bajo una especie de arresto domiciliario.
En un artículo publicado en The Sunday Times , Blair aseguró que la evasión de los hombres, la semana pasada, no fue culpa del Ministerio del Interior ni de los servicios de seguridad, sino del Parlamento y de los tribunales por anular las severas medidas que buscaba poner en vigor.
En el proyecto de ley el gobierno pretende que la policía tenga la facultad de detener a cualquier persona que considere sospechosa de "terrorismo", y preguntarle su nombre, dirección y detalles sobre dónde ha estado en los momentos previos a su captura y hacia dónde se dirige.
Si los sospechosos no se detienen o se niegan a responder las preguntas, pueden ser acusados de un crimen y de obstruir a la justicia, y pueden ser multados, señaló el Sunday Times . La policía ya tiene el poder para detener y revisar a las personas, pero no para preguntarles su identidad ni movimientos.
El ministro del Interior, John Reid, propuso otras medidas para combatir a los militantes islámicos, que permitirían a la policía tomar documentos para investigarlos, incluso si su valor como evidencia no es claro de inmediato, así como confiscar vehículos para examinarlos, añadió el diario.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Blair adoptó leyes que permitían a la policía detener a extranjeros sospechosos de actos de terror, aun si no se tenía evidencia para procesarlos.
Sin embargo, Blair dijo que los tribunales cuestionaron las leyes y forzaron al gobierno a sustituirlas por "órdenes de control", una forma de arresto domiciliario que restringe los desplazamientos y las comunicaciones de los sospechosos por terrorismo, sean extranjeros o británicos.
Blair también lamentó que el Parlamento bloqueara la deportación de sospechosos relacionados con actividades extremistas, por temor a que sean maltratados en el país de destino.
Véase también Las reglas del juego: Un informe de un organismo inglés acusa al gobierno de Blair de manipular el terrorismo para ganar poder y socavar las libertades
