por Javier Pradera
Si los vientos de la crisis económica continúan destruyendo puestos de trabajo en España y afectando a los sectores – como la vivienda – que han dado empleo a la población inmigrante durante los últimos años, los sembradores de estereotipos, recelos y alarmismos de carácter xenófobo esparcidos durante la última campaña electoral del PP redoblarán sus esfuerzos. Con el modelo de Berlusconi y Sarkozy como trasfondo, las preocupantes maniobras de los centros de decisión de la Unión Europea a fin de normalizar en el conjunto de los países miembros los procedimientos expeditivos, las expulsiones masivas y la desjudicialización de las medidas policiales contra los inmigrantes dibujan un oscuro horizonte para la causa de los derechos humanos, una cuestión de principios en cuyo nombre se han venido librando las grandes batallas por la libertad desde la derrota de Hitler.
El Informe de 2008 sobre la democracia en España – editado por la Fundación Alternativas y dirigido por Joaquín Estefanía – incluye un documentado capítulo sobre la influencia de la inmigración en la vida política española a partir de comienzos del siglo XXI. El incremento del número de residentes extranjeros desde el medio millón de finales de los años noventa hasta los cuatro millones largos de 2007 muestra las dimensiones cuantitativas de un fenómeno social cuya contribución al crecimiento económico, el remozamiento demográfico y la recaudación fiscal del Estado de bienestar y la Seguridad Social han sido espectaculares. Los servicios domiciliarios prestados por la población inmigrante – en especial latinoamericana – al cuidado de los niños y a la asistencia de la tercera edad han facilitado la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Hasta ahora, la distinción como residentes en España entre los ciudadanos de la Unión Europea y los extranjeros procedentes de América Latina, África y Asia había resultado útil a efectos operativos; sin embargo, la ampliación hacia el Este de las fronteras europeas empieza a difuminar esa nítida separación por nacionalidades.
El PP y los medios conservadores atribuyen la causa de la inmigración irregular – esto es, carente de los documentos exigidos por la Administración – a un misterioso efecto llamada voceado por una legislación permisiva y escuchado a través de los montes y los mares. Pero los flujos migratorios se deben en realidad a factores de atracción como la demanda de trabajo, las mayores oportunidades de empleo y los salarios más elevados. La demagógica campaña del principal partido de la oposición durante la pasada legislatura – “no cabemos todos” – contra la regularización en 2005 de 580.000 inmigrantes por el Gobierno socialista fingió olvidar que Aznar legalizó durante su mandato a 467.000 inmigrantes; el mismo Berlusconi, que vacila ahora entre tipificar como un delito la inmigración ilegal o considerarla sólo una agravante penal, superó todas las marcas de permisividad en 2002 con 700.000 legalizaciones.
Los inmigrantes irregulares contra su voluntad – desde su entrada en cayucos o sobrevenidos luego – han solido ser víctimas de empresarios inescrupulosos dispuestos a abusar de su indefensión legal para explotarlos como mano de obra infrapagada en condiciones de auténtica servidumbre. Su obligada clandestinidad hace muy difícil precisar el número de irregulares existente tras el proceso de regularización de 2005: los cálculos más optimistas se mueven en torno a las 300.000 personas pero los expertos multiplican ese número por dos o por tres. La corporeización material de esos seres invisibles los convierte en usuarios de la sanidad y la enseñanza públicas gracias a su inscripción en el padrón municipal, lo que les protege al menos de la enfermedad y les permite educar a los hijos.Vienen, sin embargo, tiempos duros: si los inmigrantes con o sin papeles han sido durante los pasados años el ejército industrial de reserva definido por Marx como depósito inagotable de mano de obra barata, ahora llega el turno de excluirlos de la protección del Estado de bienestar durante la época de las vacas flacas. Las sombrías perspectivas de la crisis económica sirven de coartada en toda Europa – también en España – a los políticos y a los medios de comunicación que propugnan la restricción de la concesión o de la renovación de los permisos de residencia (mediante fórmulas como el contrato de acogida e integración que Sarkozy trata de imponer en la Unión Europea), la expulsión masiva a sus países de origen de los inmigrantes carentes de cobertura administrativa y la reclusión sin control judicial de los extranjeros cuya devolución sea imposible en campos de internamiento hasta 180 días (¿qué pasaría después de vencido ese plazo?).
Cabe esperar – o al menos desear – que los cálculos electoralistas, el acomodo con las relaciones con el poder y las invocaciones filisteas al sentido común no hagan olvidar al Gobierno de Zapatero que sus respuestas a esos desafíos afectarán a cuestiones de principio.
Fuente: El País, 11 de junio de 2008
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