Editorial de El País
Dos informes acaban de arrojar una luz tenebrosa sobre EE UU y la complicidad europea para detenciones ilegales en la llamada guerra contra el terrorismo. Por una parte, el del parlamentario suizo Dick Marty, que desde el Consejo de Europa ha venido a confirmar que la CIA dispuso de cárceles secretas al menos en Rumania y Polonia para interrogatorios degradantes y torturas a presos; todo ello con el beneplácito de varios países de la OTAN y gracias a un acuerdo secreto suscrito entre los aliados el 4 de octubre de 2001, poco después de los ataques del 11-S. El segundo informe, de seis importantes ONG, se pregunta por el destino de al menos 39 presos fantasmas, pues han desaparecido, junto a algunos de sus hijos y esposas.
Bush ni se avergüenza ni se arrepiente. Reconoció en septiembre pasado la existencia de esas cárceles y de estos vuelos secretos de la CIA, que defendió como esenciales para aumentar la seguridad de su país. Esta actuación no hubiera sido posible sin la colaboración, entre otros, de varios países europeos. También la UE tiene motivos para avergonzarse y abrir una investigación oficial. De confirmarse que Rumania y Polonia albergaron tales centros, ambos países deberían ser sancionados, así como todos los que participaron por acción u omisión consciente en estos secuestros y desapariciones.
Varios de los detenidos fueron posteriormente trasladados a Guantánamo. Pero el informe de las ONG señala que algunas de las personas desaparecidas -entre ellas Mustafá Setmarian Nasa, buscado por España en relación al 11-M- están en una lista en manos de EE UU de "terroristas que han dejado de ser una amenaza", lo que se puede entender, por ejemplo, como fallecidos a causa de torturas o ejecutados sumariamente. Se acabará sabiendo, y los que llevaron a estos crímenes deberán rendir cuentas.
Es urgente esclarecer todos estos horrores ante la justicia, que ha comenzado a echar a andar en varios países. Como en Italia, donde el viernes se ha iniciado el juicio contra dos jefes de los servicios militares italianos y 33 personas (entre ellas, 26 agentes de la CIA que, naturalmente, no se han presentado) por el secuestro en febrero de 2003 del egipcio Abu Omar, imán de una mezquita de Milán. En otras partes del mundo, como ha denunciado la organización Human Rights Watch, este sistema de cárceles secretas de la CIA sigue operativo. Pese a su falta de colaboración hasta ahora en el esclarecimiento de los hechos, la OTAN y sus miembros deben dar explicaciones sobre el supuesto acuerdo por el que consintieron colaborar en el episodio colectivo más oscuro de la Europa de la posguerra.
El País, 10 / 06 / 2007
Véase también sobre este tema:
Ossama Lofty
Del "Gladio" a los vuelos secretos de la CIA
